Piden plan integral para atender daños por ducto

El regidor recordó que en la Comisión de Hacienda, se autorizó un traspaso de recursos por la cantidad de 400 mil pesos para la partida de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria de la tesorería municipal. 

Pero advirtió: “Considero importante aclarar que la indemnización relacionada con el fatal accidente del 1 de julio del 2019 en nuestra ciudad, donde perdiera la vida un funcionario municipal y se ocasionaran lesiones a otros colaboradores, así como daños materiales e inmateriales en los alrededores, es materia de un análisis jurídico mucho más profundo y el tan solo pensar que esa cantidad pudiera reparar los daños ocasionados por la realización de esas tareas municipales, configura una gran injusticia que no vamos a permitir se materialice, pues estamos obligados como colegiado, a ir más allá de la costumbre y la inercia del gobierno municipal. Cada caso, un análisis particular y una determinación especial, atiendo a las propias características de cada suceso”.

“Derivado de la reforma constitucional en materia de DD HH del 2011, México y todas sus autoridades se obligan a garantizar los derechos humanos recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales donde somos parte, así como a interpretar la normativa a la luz de dichos tratados favoreciendo en todo momento a la protección más amplia a la persona.

“En materia de reparaciones, el desafío institucional es grande, pues más allá de la compensación económica, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ampliado los alcances de la reparación del daño, integrando el concepto de reparación integral”.

Explicó que el concepto de reparación integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca el otorgamiento de medidas tales como: la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones, la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

“Como podemos advertir, no se trata de fijar una cantidad económica y entregarla a las víctimas. Se trata de estructurar una reparación integral de los daños y garantizar la no repetición de los mismos, entre otras cosas. Si bien es cierto, la autoridad competente está llevando la investigación correspondiente, también lo es el hecho de que tenemos la posibilidad y la obligación de intervenir en los otros apartados que nos dicta lo establecido por el sistema interamericano de los derechos humanos”.

“Hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de trascender como garantes de los derechos humanos y construir un gobierno responsable y sensible con los funcionarios públicos y con la sociedad celayense, pero, sobre todo, un gobierno que atiende a los mandates constitucionales”. 

Dijo que es claro que por ahora no se pueden atribuir responsabilidades ni tampoco descartarlas en tanto no concluyan las investigaciones e involucrar a otras instancias que puedan apoyar con el esclarecimiento de lo sucedido. 

“Mientras eso sucede, les exhorto a elaborar un plan de trabajo para dar cauce a este análisis que nos lleve a la integración de una propuesta de reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas”.

“Finalmente, cabe señalar que la aplicación de estos criterios a la hora de determinar las medidas de reparación puede colaborar en la consolidación del estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos”. 

Su petición fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Hacienda, patrimonio y cuenta pública para su análisis y discusión.