Detenida por tramitar retiro involuntario a trabajador de ISSEG

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de MIROSLAVA “N” por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de una investigación iniciada tras una
denuncia presentada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de
Guanajuato (ISSEG).

La carpeta de investigación se integró a partir de la denuncia formulada por
la representación legal del ISSEG en la capital del estado, luego de que un
derechohabiente detectó un retiro no reconocido en su cuenta de ahorro
voluntario y solicitó la revisión del movimiento.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, se estableció que el movimiento fue efectuado por una empleada de mostrador, quien presuntamente utilizó de manera
indebida los sistemas informáticos y el lector biométrico de huellas digitales con los que opera el Instituto para realizar disposiciones de recursos sin
autorización de los titulares de las cuentas.

Las diligencias ministeriales incluyeron el análisis de videograbaciones y la
revisión de operaciones efectuadas por la imputada, lo que permitió
identificar diversos movimientos con características similares.

De acuerdo
con la investigación, las disposiciones irregulares ascendieron a un monto de más de 90 mil pesos.

En audiencia, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada por
el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al advertir datos de prueba
suficientes sobre su probable intervención en hechos que afectaron el
correcto funcionamiento de la administración pública del ISSEG, al hacer uso indebido de la información y de los sistemas a los que tenía acceso con motivo
de sus funciones.

Durante la misma audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del
proceso, petición que fue autorizada por la autoridad judicial por un periodo de seis meses.

Como condición, la imputada deberá acudir a firma periódica
una vez al mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en los términos fijados por el órgano jurisdiccional.

Respecto al daño patrimonial ocasionado, la Fiscalía investigó los hechos bajo el tipo penal de robo calificado cometido por empleado, al acreditarse que los
recursos dispuestos eran administrados por el ISSEG y que la institución
reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.

Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos
de solución de controversias, el Juez ordenó canalizar el asunto al área de mediación en sede ministerial, donde las partes celebraron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.