México tiene una carta más que jugar ante EU: una eventual alianza regional contra el narco.

Ciudad de México. - México se mantiene firme en establecer sus propias estrategias de combate al narco. la cooperación internacional, incluidas aquellas con las agencias antidrogas norteamericanas se han dejado de lado desde hace un par de años, aunque eso ocurrió cuando Donald Trump no irrumpía nuevamente en el panorama político.

La Unidad Especializada Antinarcóticos fue disuelta en 2022, lo que terminó con una colaboración estrecha y directa de las autoridades mexicanas con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Aquella medida, decidida por el gobierno de López Obrador, no se revirtió con la llegada de la nueva administración. Adicionalmente, México rechazó en diciembre pasado sumarse a la primera alianza regional para combatir al crimen organizado latinoamericano convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La invitación se refería a la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo, iniciativa regional para combatir el crimen organizado conformada por 18 Estados de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras once instituciones internacionales.

Cabe recordar que, a la par del tema migratorio, Trump ha puyado a México, una y otra vez, bajo el señalamiento de que nuestro país no hace lo suficiente contra los cárteles de la droga.

La respuesta mexicana, a través del Ejecutivo Federal, ha sido la de reivindicar la soberanía y rechazar cualquier medida injerencista. Por el contrario, Canadá, el tercer país norteamericano, se ha apresurado a mostrarse como un gran colaborador en el combate del tráfico de droga que llega a territorio estadounidense.

En este panorama, la negativa de México a integrarse a alianzas binacionales o regionales tiene dos caras, pues si bien lo muestra lejano a cualquier esfuerzo conjunto, es al mismo tiempo una carta que el país aún no ha jugado en una eventual negociación para aligerar las medidas antimexicanas de Trump.

La Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo está pensada para la integración de esfuerzos latinoamericanos, pero la participación del BID como secretariado técnico de la misma implica cierta aceptación de los países participantes a que sus decisiones de seguridad interna serán revisadas.

La Alianza trabaja sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y reducir los mercados y flujos financieros de grupos criminales. En lo tocante a las instituciones de seguridad pública, México ha tenido un extenuante proceso de formación de la Guardia Nacional, corporación que ya quedó completamente en manos del Ejército.

Y en lo que toca a los flujos financieros del Narco, México se ha rezagado notablemente en la inteligencia financiera anticriminal. Las acciones más notables de su unidad especial ha rondado los temas políticos.

Por ahora, en la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo están Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Bahamas, Barbados, República Dominicana, Guyana, Jamaica y Surinam, participan en esta alianza.

A estas naciones se suman organizaciones internacionales como el BID, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC), entre otras.

¿Colaborar directamente con la DEA?

En cuanto a una colaboración directa con la DEA, López Obrador eliminó la Unidad Especializada Antinarcóticos que trabajaba en coordinación con esa agencia. En la práctica, se generaba una mesa binacional de trabajo de inteligencia y coordinación de las fuerzas de seguridad.

López Obrador acabó con la Unidad argumentando intromisiones en la soberanía nacional.

La Unidad había participado en acciones que revelaron modus operandi de los cárteles, sus líderes, sus finanzas, sus centros de operación y principales estados del país donde tienen células a sus servicios, también informaban al Gobierno Federal sobre ubicaciones de sus principales operadores.

Estos agentes habían colaborado con elementos de la Marina en la captura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 22 de febrero de 2014 en un hotel de Mazatlán.

Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del 2018 subraya que el crimen organizado genera cada año ingresos brutos por 600 mil millones de pesos; es decir, un estimado de 33 mil 165 millones de dólares, cifra que representa un PIB mayor al de algunas islas caribeñas como Haití (20.9 mil millones de dólares), Jamaica (14.6 mil millones de dólares) y Bahamas (11.2 miles de millones de dólares).

Asimismo, un reporte de mayo del 2024 destaca que la violencia en México le costó al país 4.9 billones de pesos, equivalente a 245 mil millones de dólares en 2023, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, las dos más grandes organizaciones criminales en México, no sólo encabezan actividades delictivas en el país y en los 50 estados de Estados Unidos, sino que también se han documentado operaciones de tráfico de drogas en países de América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía.

Sin embargo, el impacto de las acciones de los grupos delictivos también trae consecuencias mayores, como el freno de las inversiones, reducción en turismo y ha obligado a desplazamientos forzosos, lo que debilita más los niveles de productividad económica y desarrollo sociales.

La Presidenta Sheinbaum ha reiterado desde diciembre que ninguna acción extranjera injerencista será tolerada, pero que si los llamados son a colaborar de igual a igual, entonces sí hay mucho camino que recorrer. La integración de México a esfuerzos multinacionales podría tener una segunda chance después de su suspensión en 2022.

INFORMACIÓN: crónica.com