¿Impunidad o falta de pruebas? Tribunal Electoral cierra el caso de los sobres amarillos de Pío López Obrador.

Ciudad de México. -Una vez más el debate político se vuelve a encender gracias a un reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió dar carpetazo definitivo al expediente relacionado con los llamados “sobres amarillos” de Pío López Obrador, al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar un delito electoral.

No obstante, lejos de apagar la polémica, esta resolución vuelve a generar suspicacia dada la gravedad de los hechos y al implicado: el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué sucedió con los “sobres amarillos”?
Todo comenzó en agosto de 2020, cuando se difundieron videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.

Las imágenes detonaron una crisis política y una serie de investigaciones por presunto financiamiento irregular a Morena.

Durante años, el caso fue utilizado como símbolo del debate sobre la transparencia en el financiamiento político así como la impunidad que permea dentro de la esfera política dada la cercanía del implicado con la autoridad máxima en México de aquel momento.

Fue Federico Döring, quien interpuso un asunto bajo el nombre “SUP-RAP-1316/2025″, cuyo objetivo era iniciar una investigación exhaustiva para conocer el origen y las causas de este intercambio monetario de manera misteriosa.

¿Qué resolvió el TEPJF?
En sesión reciente, el Tribunal Electoral resolvió cerrar el caso de manera definitiva tras respaldar un proyecto que concluye:

*no hay pruebas suficientes para acreditar un ilícito electoral
*los videos difundidos no tienen valor probatorio pleno
*no existe evidencia de que el dinero fuera destinado a campañas políticas
La resolución fue votada por unanimidad, lo que marca el cierre legal del caso. Cabe destacar que antes del fallo del Tribunal, el Instituto Nacional Electoral ya había determinado que no existía evidencia suficiente para comprobar un financiamiento paralelo.

Dicho organismo señaló en su momento que no había rastro bancario del dinero; no existía registro contable o fiscal y no se puedía confirmar el destino de los recursos. En otras palabras: hay indicios, pero no certeza jurídica.

También es importante señalar que uno de los elementos más debatidos fue la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento afirmó que el dinero recibido era “aportaciones para el movimiento”.

Sin embargo, el Tribunal consideró que estas declaraciones no constituyen una confesión de delito electoral.

Finalmente, aunque el caso queda cerrado en términos jurídicos, el impacto político sigue vigente.

INFORMACIÓN: crónica.com