Supremo de EU permite la reactivación de deportaciones a terceros países.

Washington. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración de Donald Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.

La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que el Gobierno justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson se opusieron.

La Administación del republicano había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una “emergencia nacional” y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.

En la decisión estará una de las características distintivas de la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump: una política de enviar personas a países con los que no tienen ningún vínculo, entre ellos Liberia, Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Honduras y la República Centroafricana.

Las tres magistrados liberales del tribunal señalaron que habrían denegado la solicitud del gobierno de reanudar las deportaciones.

Asimismo, pidieron a los abogados de la Administración y de los inmigrantes que impugnaron la política que centraran sus alegatos para la vista de diciembre si es que el juez de primera instancia que había suspendido las deportaciones rápidas tenía autoridad para hacerlo y si la política violaba la Constitución y las protecciones internacionales contra la tortura.

James Percival, el principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, celebró el fallo del tribunal. En un comunicado, lo calificó de “victoria”.

“Un mal día tanto para los inmigrantes ilegales con antecedentes penales como para los activistas a favor de las fronteras abiertas”, expresó.

“Todavía están a tiempo de conseguir 3 mil dólares y un vuelo de regreso a casa”, finalizó su declaración con un enlace a las instrucciones del departamento para inmigrantes sobre cómo deportarse voluntariamente.

El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración Trump puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde EU fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por The New York Times.

El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25 mil migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.

INFORMACIÓN: crónica.com