Pide Regidora cese de funcionario investigado por acoso sexual

Celaya, Gto.- La Regidora Isabel Herrejón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, exigió al alcalde Juan Miguel Ramírez, despedir al Coordinador de Reconstrucción del Tejido Social, Luis Antonio Tierrasnegras Romero, investigado por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado por acoso sexual.

La regidora explicó que la Comisión que Preside, en Febrero del año pasado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que establece que todos funcionarios generadores de violencia o transgresores de derechos humanos deben ser cesados, el Presidente dijo debe cumplirlo.

“El 18 de febrero del año 2025 se generó un Acuerdo en Derechos Humanos, que efectivamente ese acuerdo fue aprobado por unanimidad en donde dice que se solicita al Presidente Municipal instruya a la Oficial Mayor a que en el caso de que cualquier servidor público sea generador de violencia y o transgreda los derechos humanos, bien sea entre servidores públicos municipales, entendiendo por esto a los integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las dependencias, así como en lo general hacia la ciudadanía, se proceda de forma inmediata el cese laboral, no siendo reubicado en ninguna de las áreas de la Administración”.

“Les recuerdo que este oficio fue enviado al Alcalde Municipal el 19 de febrero. El 18 de febrero se generó este acuerdo, mismo que fue por unanimidad, y pienso y creo que no debe de ser reubicado este tipo de personas”.

Este punto de acuerdo fue firmado además de ella, por el síndico de Morena Francisco Javier Torres Álvarez y sus compañeros de partido Ana Laura Benites, Adrián Guerrero Caracheo, Andrés Espinosa y Cristina González, además del edil del PAN, Raúl Alejandro Cuevas Molina.

“Hay que recordar que este acuerdo se hizo porque también en esa misma Dirección de Desarrollo Social sucedió lo mismo sobre un acoso y un hostigamiento laboral, misma que esa persona no fue reubicada y fue despedida.
Ahora la pregunta es, ¿por qué el Alcalde sí tiene de conocimiento este acuerdo? Porque no acata lo que hace e integra el Ayuntamiento como un órgano colegiado que participamos en una toma de decisiones”.

La Regidora reconoció que la resolución de la PRODEG, no pide su destitución, pero insistió en que el acuerdo de la Comisión debe aplicarse.

“El acuerdo lo tiene que sostener el mismo Ayuntamiento como el mismo Alcalde. Que el Alcalde más bien debió de haber informado en ese entonces, más de un año, a todo el gabinete, a todas las direcciones, de que existe este acuerdo de todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y que no podemos ser omisos sobre esta situación y no reubicarlo”.

“Es muy fácil reubicar a esta persona que es víctima y dejarlo en el lugar al servidor público. No se trata de eso. No se trata de hacer las reubicaciones o de cumplir las recomendaciones de la PRODEG, las recomendaciones ya están dadas. Sí se van a cumplir, como dice el Director de Desarrollo Social. Sin embargo, yo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que somos siete, no podemos ser omisos sobre esto y más el Alcalde”.

Acusó que el gobierno de Juan Miguel cometió una revictimización al remover de su cargo a la víctima y enviarla a otra dependencia.

“Sí, hay una reivindicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación de una mujer que ha sido vulnerada y afectada a la dignidad de cada ser humano y no podemos permitir este tipo de situaciones. Ya sería la segunda ocasión en esta Dirección de Desarrollo Social que pasa esto”.

“Invitar al Alcalde, exhortar al Alcalde de que cumpla, que le informe a todos los directores de las dependencias y que si tiene su Jefe de Gabinete, sabe cuál es su función, el Secretario Particular también, que realmente cumpla cabalmente y que no haya una reubicación como tal, sino el cese laboral de este servidor público. No lo digo yo, como Presidenta de la Comisión de Derechos. Lo decimos los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos”.

Lamentó que durante la presente administración hay un retroceso en el respeto de los derechos laborales.
“Si ha estado incrementando (las quejas) y desconocemos el actuar de estas personas. Hasta ha habido amenazas, intimidaciones”.