Derrame en el río Sonora: lo que sabe del caso

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Redacción | 29 de Agosto de 2014 a las 08:15

A más de tres semanas del "peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos", según calificó el gobierno federal al derrame de sulfato de cobre en el río Sonora, persisten dudas no resueltas tras las explicaciones ofrecidas por las autoridades.

¿Cuándo se regresará a la normalidad?, ¿podría empeorar la situación?, ¿cómo se sancionará a la empresa? Son algunas de las dudas que permanecen y que se espera queden esclarecidas próximamente.

A continuación te presentamos lo que sabemos y lo que aún desconocemos sobre este caso.

1. ¿Qué ocurrió?

Lo que sabemos...

El 6 de agosto fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, una de las empresas más grandes del sector a nivel internacional.

Según la versión del gobierno federal –fundamentada en un dictamen técnico–, el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno, en una de las piletas de lixiviados, así como por la falta de una válvula de alivio en la pileta de demasías.

Los contaminantes detectados con las revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora. La sustancia llegó hasta la Presa el Molinito que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, no presenta una contaminación "fuera de las normas".

Las autoridades afirman que el incidente es imputable a la minera de Grupo México, que encabeza el empresario Germán Larrea, debido a un "mal diseño" de las instalaciones.

El 7 de agosto, habitantes de la zona notaron la contaminación en el río e informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora.

Al día siguiente, la empresa notificó sobre el incidente vía telefónica a la autoridad federal, de acuerdo con lo informado por la Secretaría del Medio Ambiente, y la alerta formal ocurrió hasta el 12 de agosto.

La empresa argumentó que el derrame se ocasionó debido a lluvias por arriba de la media, lo cual es negado por las autoridades, con base en reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en las marcas del líquido en los contenedores.

Lo que no sabemos...

¿Qué supervisión previa hubo? El ambientalista Iván Restrepo consideró que con una mejor supervisión previa para todas las minas, habría menos problemas, y cuestionó los mecanismos para monitorear a este tipo de industrias.

"A Grupo México le habían dado 10 de las 16 certificaciones de industria limpia. Lo que nos estamos preguntando muchos de los estudiosos, grupos ambientalistas y la población es: ¿quién da estos certificados?, ¿qué criterios toman?... Para saber si es algo serio o simplemente es publiciadad", indicó en entrevista con el programa Aristegui de CNN en Español.

2. ¿Qué afectaciones hubo?

Lo que sabemos...

Se identificaron cinco casos –cuatro hombres y una mujer, mayores de 42 años– de intoxicaciones, a quienes se otorgó de manera inmediata atención médica; en total, 24,048 personas en siete comunidades resultaron afectadas por el derrame.

También se restringió el acceso a agua del río y de 322 pozos y norias.

El 17 de agosto, un día antes del inicio del nuevo ciclo escolar, las autoridades ordenaron que derivado de la contingencia ambiental se suspendía el regreso a clases en 89 escuelas de nueve municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea, afectando a 5,800 alumnos. 

Lo que no sabemos...

Aunque la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantendrán los monitoreos de pozos para determinar cuándo se cumplan las normas ambientales y sanitarias, se desconoce en qué momento se podrá levantar las suspensiones. 

Tampoco se sabe si la contaminación puede extenderse. La semana pasada, las autoridades detectaron en los márgenes de los ríos desechos que podrían contaminar los cuerpos de agua con metales pesados debido a la presencia de lluvias.

Ante la posibilidad de que la salud de más personas haya sido afectada, la Secretaría de Salud envió brigadas y epidemiólogos, y levantó un censo sanitario en 737 domicilios. Tampoco se sabe con precisión qué afectaciones podría presentarse para la flora y fauna de la localidad.

Además, la Cofepris inició una verificación sanitaria en las instalaciones de la empresa para identificar responsabilidades de la empresa en materia de salud y, en su caso, ejecutar medidas precautorias para que cesen las causas de riesgo.

Igualmente, se ingnora cuándo podrán iniciar el ciclo escolar en las escuelas suspendidas ante la emergencia. El último reporte de Protección Civil, emitido el pasado viernes 22 de agosto, mantuvo la medida preventiva.

3. ¿Qué sanción se impondrá a los responsables?

Lo que sabemos...

Las autoridades federales anunciaron diversas medidas contra la concesionaria de la mina, Grupo México, como la presentación de una denuncia penal, una demanda por responsabilidad ambiental, multas, medidas de resarcimiento, apoyo a la población afectada y reparación al medio ambiente, 

La denuncia penal fue iniciada por la Profepa contra "directivos" de la empresa Buenavista El Cobre por la comisión probable del delito previsto en el Artículo 414 del Código Penal Federal, mismo que prevé "pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3,000 días multa (entre 20,187 y 201,870 pesos)" a quien dañe los recursos naturales por manejar sustancias contaminantes sin aplicar medidas de prevención o seguridad, o las ordene o autorice.

La Procuraduría está integrando la averiguación previa y haciendo los trabajos previos para poder, en su caso, lograr la consignación de los presuntos responsables ante un juez.

En tanto, la demanda de responsabilidad ambiental obliga a la empresa a reparar los daños ambientales que se han generado en toda la zona, lo cual se estima, según lo dicho por el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, que podría costar "cientos o miles de millones de pesos".

Por su parte, la Profepa podría imponer multas por un total de casi 40 millones de pesos, derivado del análisis de las operaciones de la mina para detectar posibles irregularidades.

La dependencia federal revisa el cumplimiento de 9 permisos de impacto ambiental otorgados y de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 159. Cada irregularidad sería sancionada con una multa de 50,000 días de salario mínimo (tres millones 364,500 pesos).

Además, la Conagua ordenó medidas como levantar un bordo de contención en el arroyo contaminado para evitar un mayor daño, y remediar la calidad del agua y monitorearla dos veces al mes durante los próximos cinco años.

La Cofepris, por su parte, inició un procedimiento de verificación y analiza las obligaciones que impondrá a la empresa por afectaciones a la salud de las personas.

Por ahora, Grupo México paga por los trabajos de limpieza en los afluentes afectados, donde se retira y confina tierra contaminada, misma que es reemplazada con material nuevo a lo largo de los más de 200 kilómetros de longitud de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Lo que no sabemos...

Aún se desconoce contra quiénes en específico iría la denuncia penal. Tampoco se sabe el monto exacto al que ascenderá la reparación de los daños, cómo se calculará la sanción y si la empresa podrá impugnarla.

Por parte de la Cofepris, no ha aclarado cuáles serán las "acciones correctivas, multas y sanciones" que ordenará, así como la manera en la que pedirá a Grupo México resarcir la salud de las personas afectadas.

En cuanto a las superficies dañadas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) realiza una inspección para identificar las superficies que requieren restauración de suelos, pero no queda claro quién se hará responsable de estas labores.

Como medida extrema, el gobierno federal podría quitar la concesión de explotación de la mina. Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía –la instancia responsable de otorgar y retirar este tipo de concesiones–, indicó que no descartan la posibilidad de retirar a Grupo México la concesión de la mina, pero destacó la cantidad de empleos que genera.

"El Gobierno de la República no ha descartado ninguno de los instrumentos que la ley le da para actuar en este caso, pero se concentra en llegar a acuerdos que reditúen en remediación inmediata y en compensación a los ciudadanos afectados", dijo.

La Cámara de Diputados creó este martes un grupo de trabajo de siete legisladores que dará seguimiento a las investigaciones sobre el derrame y, si se confirma que se transgredió la normatividad, se exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión, dijo el presidente de dicha instancia legislativa, el priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

INFORMACIÓN: 
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Jueves 28 de Agosto de 2014 

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