A poco de regresar de una gira asiática, durante la cual anunció un acuerdo con China sobre reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, Obama se dispone a resolver -por decreto- sobre la situación de varios millones de emigrantes indocumentados, mayormente de origen mexicano, que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace años.
En relación al clima, los objetivos estadunidenses anunciados en Pekín -reducción de emisiones de gases entre 26% y 28% de aquí a 2025 en relación a 2005- pueden ser alcanzados sin necesidad de aprobar otra ley, asegura el mandatario.
En lo que respecta a inmigración, luego de múltiples tentativas de reforma fracasadas, Obama, quien estima haber dado muestras de una "paciencia extraordinaria" con el Congreso, decidió actuar por su cuenta.
"No puedo esperar eternamente, cuando tengo el poder, al menos durante los dos próximos años, de mejorar el sistema", explicó el domingo durante una conferencia de prensa en Brisbane, Australia, antes de partir hacia Washington. "No estaría cumpliendo mi deber si no tratara de mejorar un sistema que todo el mundo considera fallido", añadió.
No se conoce el alcance de los eventuales decretos, ni el calendario exacto, solamente existe una certeza: la decisión será tomada antes de fin de año. Los republicanos no ocultan su cólera. "No es así como se gobierna", se indigna el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Tampoco para el Senador John McCain, partidario desde larga data de una reforma del sistema migratorio, la decisión de Obama se ajusta al funcionamiento democrático estadunidense. "Leí mucho sobre los redactores de la Constitución (...) no vi eso en ninguna parte", dijo.
Al elegir la via reglamentaria, Obama se expone al riesgo de que lo que decida hoy con una firma, sea derogado por quien lo remplace en el Salón Oval en enero de 2017. "Sí, es la propia naturaleza de este tipo de decisiones", admite el presidente. "Pero siempre ha sido así", agregó, aludiendo a un viejo debate sobre el alcance de los poderes del mandatario estadunidense.
Al respecto, Obama podría encontrarse en contradicción con anteriores tomas de posición. En varias oportunidades se opuso a las demandas de extender el poder discrecional del presidente.
Interrogado en febrero de 2013 por un joven activista sobre la suerte de las familias separadas por las expulsiones de inmigrantes, se había escudado en los límites de su poder. "El problema es que yo soy el presidente de Estados Unidos, no el emperador de Estados Unidos. Mi trabajo es hacer aplicar las leyes que son aprobadas".
Todavía más claramente, en una entrevista acordada a la cadena Telemundo en septiembre de 2013, trazaba una línea precisa, más allá de la cual no podía ir. "Lo que podemos hacer (...) es decir que los jóvenes que crecieron en Estados Unidos son estadunidenses que debemos acoger. Pero si comenzamos a ampliar eso, ello equivaldría para mí en ignorar la ley de una manera que creo sería muy difícil de defender legalmente", explicó.
Sin embargo, es precisamente esta última opción la que ahora considera. Según el cotidiano The New York Times, los padres de hijos que tienen la ciudadanía estadounidense o permiso de residencia permanente (green card) podrían recibir por un período determinado documentos que les permitan trabajar legalmente y no arriesgar ser deportados.
En total, hasta cinco millones de ilegales podrían estar comprendidos en este sistema. Mientras esperan el enfrentamiento político que seguramente dejará huellas en el clima político de la capital federal en los dos últimos años de Obama en la Casa Blanca, los estadunidenses se muestran divididos.
Según un sondeo publicado el lunes por USA Today, 42% de los interrogados consideran que el presidente debe decidir por su cuenta y ahora sobre la inmigración, 46% estima que debería esperar que el nuevo Congreso, controlado por los republicanos, se ocupe del tema luego de su entrada en funciones a inicios de enero.
Martes 18 de noviembre de 2014
